La violencia policial consiste en el uso intencional de fuerza excesiva, generalmente física, pero también en la forma de ataques verbales y intimidación psicológica, por un policía. La violencia policial es generalizada en varios países en América Latina, inclusive aquellos que la evitan. La violencia policial es una de las varias formas de mala conducta policial, que incluye prisión falsa, intimidación, discriminación racial, represión política, abuso de vigilancia, abuso sexual y corrupción.
A través de la historia, los esfuerzos de vigilar las sociedades han sido marcados, hasta cierto punto, por la brutalidad y fuerza. En la Historia Antigua, las instituciones de vigilancia y policiamiento tenían una atmósfera de terror y el tratamiento abusivo de los ciudadanos como una forma de garantizar un control más eficiente de la población.
El origen del concepto contemporáneo policial, basado en la autoridad del Estado-Nación es generalmente remitido a la Francia de los siglos XVII y XVIII, con la mayoría de los actuales departamentos de policía siendo establecidos en la mayoría de las naciones a finales del siglo XIX, siglo XX. Casos de violencia policial en grande escala son asociados con las reinvindicaciones de los movimientos laborales, como las huelgas generales y con los derechos políticos y sociales.
El actuar policial abusivo en nuestra sociedad, a pesar de resultar aberrante para un Estado Democrático de derecho y de violar los derechos humanos más esenciales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales, persiste como consecuencia de un conjunto de factores. El primero de ellos es la tolerancia de las autoridades civiles de las que dependen las fuerzas policiales. Imbuidas del discurso de “mano dura” y “tolerancia cero” frente a la delincuencia que han sido instalados por los sectores más reaccionarios, las autoridades encargadas de la seguridad pública han desoído sistemáticamente los reclamos de las personas afectadas o de sus familiares frente a los hechos de violencia policial. Tales autoridades rara vez han instado, además, por el desarrollo de investigaciones o la adopción de sanciones internas frente a estos hechos delictivos. Menos aún han iniciado o se han hecho parte de acciones judiciales tendientes a su investigación y sanción. Como sabemos, el discurso de la “mano dura” frente a la delincuencia es el que orienta el accionar del gobierno en esta materia, por lo que lamentablemente no se avizoran cambios en la complicidad del Estado con el actuar delictivo de las policías bajo su mandato.
Otro factor que resulta determinante en la persistencia del actuar abusivo de la policía es la indiferencia de la población frente a esta grave realidad. La ciudadanía no parece tener conciencia que las fuerzas policiales no solo están para garantizar el orden público, sino fundamentalmente proteger a quienes integramos un país.
Mientras el Estado mantenga su pasividad frente a esta realidad y tolere el uso abusivo de la fuerza pública en contra de la población civil, so pretexto de mantener el orden público y combatir la delincuencia, mientras siga desatendiendo los compromisos asumidos en virtud de tratados internacionales de derechos humanos, así como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de diversos órganos de la ONU en esta materia.
Lo mismo pasa en Venezuela, si no tomamos conciencia de nuestros derechos y de que las policías, más allá de garantizar el orden público, están esencialmente para protegernos y no para agredirnos, y mientras no nos indignemos y movilicemos para exigir justicia cuando ellas estén involucradas en actos delictivos.
