El 28 de junio de 2005, hacia las 11 de la noche, en la entrada del sector Kennedy, parroquia Macarao del municipio Libertador, en Caracas, tres estudiantes de la Universidad Santa María que llevaban a sus residencias a unas amigas fueron interceptados y baleados a muerte por una comisión integrada por funcionarios de Inteligencia Militar (DIM), la policía judicial y la policía municipal, resultando heridas sus tres compañeras (El Nacional, 29-6-2005). Se trató de “una confusión” de identidad, pues al parecer los funcionarios policiales realizaban un operativo para capturar (y, probablemente, ejecutar) a un sospechoso de haber dado muerte a un funcionario de la Inteligencia Militar, lo que generó disparos sobre el automóvil en el cual viajaban los jóvenes y una ejecución posterior de sobrevivientes, incluyendo el intento de retirar a una de las heridas del hospital donde se hallaba (El Nacional, 9-7-2005).
Este episodio, que no es aislado y que ha alcanzado niveles de escándalo debido a la condición de las víctimas, que siendo estudiantes universitarios tienen poder de reclamo social, ilustra la grave situación por la cual atraviesa la seguridad ciudadana en Venezuela. Entre octubre de 2003 y septiembre de 2004, las ejecuciones policiales (acto de disparar intencionalmente contra alguien procurando su muerte) representaron 87% de los casos de muerte en encuentros de ciudadanos con la policía. Aunque las policías de los estados mantienen la mayor cuota de participación en estos encuentros mortales (52%), debido fundamentalmente a su dispersión por todo el territorio nacional y a su perfil de vigilancia ostensiva, la Fuerza Armada representa 9% de las ocurrencias, la policía judicial incrementó en un año su participación de 8% a 14% y las operaciones conjuntas con estos resultados se elevaron de 4% a 12,5% del total, mientras la participación de las policías municipales descendió de 23% a 11,7% (Provea, 2002-2003, 560; Provea, 2003-2004, 594). Para el período 2005-2006, la Fuerza Armada incrementó su participación a 18%, la policía judicial la redujo a 11,8%, mientras las policías estadales representaron 42,3% y las policías municipales 20,7 % de las víctimas mortales de la acción de los cuerpos de seguridad, contribuyendo las operaciones conjuntas con 5,3% de dichas ocurrencias fatales (Provea, 2005-2006, 355). Los datos indican que la expansión de la presencia y las alianzas entre cuerpos policiales no resultan necesariamente provechosas ni efectivas en cuanto al control de la violencia, cuya reducción es un aspecto fundamental a ser considerado dentro de las políticas de seguridad ciudadana.
La categoría de resistencia a la autoridad, que designa ahora, en la estadística oficial, a las muertes ocurridas en enfrentamientos con la policía, pretende disminuir el impacto que genera la creciente tasa de homicidios. Para 2005, las muertes clasificadas bajo este rubro representaron casi 14% de todos los homicidios registrados en el país, y si se suman a dicha categoría, la tasa por cada cien mil habitantes se eleva en cinco puntos porcentuales (Provea, 2005-2006, 337, 340). Esto constituye una forma de ocultar o disimular información que nada contribuye a la planificación y racionalización de la política social.
Dentro de este contexto general, políticas orientadas por una visión fundamentalmente disuasiva, ostensiva y agresiva por parte de la policía, cualquiera sea su adscripción funcional, tenderán a agravar los índices de violencia sin contribuir al incremento de la seguridad de la población.
A pesar de este entorno negativo, de alta conflictividad, el binomio policía-ciudadano sigue estando en la agenda de la discusión de las políticas de seguridad ciudadana en cualquier país y sociedad. En los países latinoamericanos vivimos en permanente tensión entre lo que permitimos y prohibimos a la policía, aunque cerramos los ojos a lo que se permite y prohíbe la policía misma. Este no es un tema que tenga que ver sólo, ni incluso preferentemente, con normas jurídicas, sino con pautas culturales y organizacionales, legitimidad acordada al sistema de control formal y mecanismos benignos y malignos de control informal. Necesitamos mucha más investigación sobre estos aspectos, si queremos comprender mejor la construcción de la seguridad, la definición de la ciudadanía y el desempeño de la policía en nuestras sociedades, con el fin de incrementar la corresponsabilidad y apuntar hacia la reducción de la violencia. En este sentido urge convocar a un gran programa de investigación-acción, concentrado fundamentalmente en áreas geográficas reducidas, que permita la recopilación y procesamiento de datos sobre desempeño policial, iniciativas sociales y comunitarias para incrementar la seguridad y efectos apreciables sobre la incidencia delictiva, de modo que la adopción de políticas y planes cuente con la racionalidad, transparencia y participación ciudadana necesarias para generar confianza y sustentabilidad.
